ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA – ESAP

Administración Pública – VII Semestre

Docente: Francisco Mejía Yepes C.P.T.

                                                                                        Especialista en Finanzas

1.- Naturaleza y fundamentos de las finanzas públicas:

1.1.- Concepto: Se denominan también Hacienda Pública y están constituidas por los recursos económicos recaudados y administrados por el Estado para ser devueltos a la población bajo la forma de servicios comunitarios y satisfacción de necesidades generales. Se pretende estudiar la forma en que se logran los objetivos del sector público y la forma en que son realizadas y controladas las transacciones que permiten alcanzar los fines del Estado.

El estado cumple una función social, por lo tanto sus fines deben estar orientados a la civilización y el progreso, valiéndose de los aparatos estatales, por ello el Estado debe permanecer inmutable ante la transformación política y no desviarse a los intereses particulares o clasistas.

El Estado deberá satisfacer las necesidades colectivas, independientemente de la capacidad económica de los asociados, por lo que la ampliación de la red vial, el desarrollo del servicio de comunicaciones, la cobertura de salud o la defensa deben orientarse unicamente bajo la premisa de la necesidad colectiva de vincularse a los centros productivos y de servicios, de asegurar la comunicación como elemento de calidad de vida de los asociados, de atender las regiones más vulnerables desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista del conflicto social, respectivamente.

1.2.- Enfoque dogmático y enfoque positivo (pragmático): En los análisis relacionados con la Hacienda Pública se debe distinguir la diferencia entre lo que debería ser la función del Estado, “el deber ser”, es decir, los objetivos deseables”[1], y los asuntos de hacienda como se presentan en la realidad de un país. Así entonces se distinguirá entre dos tipos de tratadistas: los que se interrogan sobre la estructura tributaria o la política de gasto publico más conveniente para alcanzar los objetivos altruistas del Estado, y los analistas de la coyuntura política, es decir la interpretación de las acciones de un gobierno tendientes al logro de los fines del Estado. Este último tratará de establecer, por ejemplo, correlaciones entre la política monetaria y sus efectos sobre los grupos de presión relacionadas con el impacto de ésta o las consecuencias en los asociados del régimen de tributación impuesto.

1.3.- Relación de la Hacienda Pública con la economía: Las economías de los países tienden a ser vulnerables a los desequilibrios macroeconómicos en proporción inversa a sus niveles de desarrollo, por lo que las finanzas públicas juegan un papel importante en los procesos económicos, para inducir, evitar o atenuar el impacto de los desequilibrios.

Estos pueden tener origen interno, por ejemplo una escasa política tributaria aparentemente genera satisfacción a los sectores productivos, pero debería permitir un ajuste a la baja, de los precios para estimular el consumo, sin embargo estos se mantienen, lo que genera un mayor enriquecimiento de algunos sectores, de otro lado, el bajo recaudo de impuestos desestimula el gasto público y provoca un mayor endeudamiento estatal, que puede repercutir en las tasas de interés, estimulando su crecimiento. En este escenario, se retarda el crecimiento económico colectivo, la tarea de las finanzas públicas estará orientada entonces a evitar el impacto de estos desajustes, racionalizando y reorientando el gasto público, estableciendo impuestos progresivos y controlando los procesos de evasión y elusión.

Cuando la economía de un país depende de los precios internacionales de sus productos, las distorsiones pueden presentarse tanto al caer la cotización internacional de sus productos, caso en el cual los mercados internos se deprimen y las acciones del Estado deben buscar alternativas para mantener la estabilidad de la economía interna, generando, por ejemplo, mayores niveles de gasto público para compensar los menores ingresos de origen externo.

O cuando los precios suben inesperadamente generando al interior de la economía presiones inflacionarias, debido a la mayor disponibilidad de efectivo, frente a niveles de producción estables, que no crecen con la misma elasticidad que la demanda, en este caso, las finanzas públicas deben propiciar la conformación de superávit fiscales, es decir, la retención de recursos, evitando que los mayores ingresos generados por la elevación de los precios de sus productos de exportación, no se traduzcan en crecimiento del gasto público.

1.3.1.- Desarrollo histórico de la relación del Estado con la economía: La historia de la humanidad se clasifica usualmente en tres grandes etapas: Edad antigua, edad media y edad moderna o contemporánea.

 La primera se ubica entre la aparición de la vida sobre la tierra hasta la caída del imperio romano de occidente, aproximadamente el siglo V de la era cristiana y se caracteriza por la iniciación de las estructuras culturales en todos los sentidos, obviamente en la organización social, en la que las “ciudades estado”, alcanzaron su desarrollo y se constituyeron en cuna de la civilización: China, Mesopotamia, Grecia, Roma, entre otras.

La edad media presenta tendencias fundamentales: el miedo a las invasiones barbaras, obligó a la constitución de grandes feudos (latifundios) con fortificaciones, la propiedad de la tierra por los señores feudales y el trabajo a cargo de los siervos de la gleba.

La edad moderna sobresale por la presencia de grandes naciones Estado, cuya clasificación se puede hacer basados en la forma de influencia en la economía:

- Estado absolutista (gendarme)(aproximadamente entre los siglos XV y XVIII): Originó la escuela económica denominada mercantilismo, debido al auge de la actividad comercial, lo cual generó desarrollo del transporte, especialmente marítimo, que dio lugar a nuevas rutas y conflictos bélicos en busca de la supremacía y la acumulación de riquezas para la generación de superávit en la balanza comercial.

- Estado liberal (aproximadamente entre los siglos XVIII y XIX): La clase burguesa que ya ostentaba el poder económico, accedió al poder político y social, en Inglaterra tuvo lugar la revolución industrial, extendida posteriormente a otros países, e impulsada por las aplicaciones del acero y el carbón.  Las máquinas, gestoras de la aparición de fabricas, facilita el desarrollo del esquema empresarial. Aparecen en las relaciones económicas, el trabajo asalariado y los arrendamientos, en Francia se promueve la ilustración y la enciclopedia. Señaló como propósito básico, el logro de la eficiencia en la asignación de los recursos económicos disponibles y dio lugar a las escuelas clásicas y liberales.

- Estado Benefactor (apareció en el siglo XIX): En el siglo XX solamente está presente en el fenómeno socioeconómico de la revolución bolchevique en Rusia y los casos de China y Cuba. Responde a los postulados de Marx y promueve políticas dirigidas a la equidad y justicia social, combatiendo la concentración de la riqueza en pocas manos a través de la plusvalía.  En las economías de mercado se presenta de manera moderada en forma de subsidios al desempleo, políticas de justicia social y búsqueda de la satisfacción a las necesidades básicas, en especial en el suministro de servicios públicos, pero sin perjuicio de las libertades económicas y de empresa.

- Estado regulador o controlador (desarrollado en el siglo XX): Las políticas económicas que se proponen buscan la estabilidad y el desarrollo mediante la intervención del Estado, en una época que se caracteriza por los grandes desequilibrios, que repercuten en el ámbito social, económico y político. Promueve las escuelas estructuralista y neoliberal y la teoría de expectativas racionales.

- Estado mixto: A mediados del siglo XX, se gestó una posición política que busca conciliar los diferentes esquemas estatales, para lograr la concertación entre la acción pública y la participación privada para lograr su coexistencia. Propone dejar en manos del Estado aquellas funciones en las que tiene fortalezas: especialmente la búsqueda de la equidad y la estabilidad, mientras el sector privado se encarga de la producción, para lograr la eficiencia y el crecimiento.

1.4.- Política Fiscal: Entre las acepciones del término fiscal, aparece la relativa al fisco o agente que lo promueve. Este término proviene de la palabra latina “fiscus”[2]: cesta de mimbre, y hace alusión a la costumbre romana de guardar el dinero en este tipo de recipientes. Actualmente se utiliza para designar el patrimonio del Estado, los métodos para hacerse de los recursos necesarios para operar y la administración de los mismos. El fisco está relevado de prestar caución o dar fianza, tiene derecho a entrar en posesión de los bienes mostrencos (vacantes),  y recibe los impuestos.

De acuerdo con lo anterior, debemos entender por política fiscal, el conjunto de normas y procedimientos que, siguiendo una determinada corriente o escuela económica, establece un gobierno para administrar los bienes que constituyen el patrimonio estatal y los ingresos que percibe para lograr el bienestar colectivo, la estabilidad y el desarrollo económico. Sin embargo, teniendo en cuenta que el gasto público se afianza especialmente en los impuestos que rigen en un país, la acepción con que más corrientemente se utiliza el término, se relaciona con las políticas tributarias establecidas por el gobierno.

En Colombia, el sistema tributario establecido por la corona española, combinaba elementos de los métodos fiscales de España y características propias del derecho indiano, en una estructura que pretendía extraer el máximo de provecho a las colonias de ultramar, con destino a los gastos de los reyes, independientemente del aporte al desarrollo económico.

En  un comienzo, las colonias rindieron ingresos fiscales netos que atendieron los apetitos de riqueza con creces pero posteriormente, los gastos burocráticos y de la guerra, atendidos por los virreinatos, consumieron la mayor parte de los recaudos. Esto se confirma en las memorias del virrey Ezpeleta a su sucesor: “la Real Hacienda produce ahora cuanto necesita para llenar aquí sus atenciones y para remitir algún sobrante a España.”[3]

Otra característica era la dificultad para procurar el recaudo de los tributos, por la excesiva dispersión de los sujetos pasivos de impuesto, haciendo su recaudo lento y costoso, y como era propio de una estructura tributaria de origen medieval, enfatizaba en los impuestos indirectos, que por su carácter regresivo, entorpecían el comercio interno entre las colonias y el comercio de estas con la metrópoli.

Después de la campaña libertadora, se mantuvo la estructura fiscal sin muchas modificaciones, inclusive se restituye el estanco del aguardiente, que en forma de monopolio estatal sobre el alcohol, se mantiene hasta nuestros días, después del Congreso de Cucuta, en 1821, se suprimió la alcabala, facilitando el comercio interior, además de la sisa, el tributo indígena, el monopolio del aguardiente, la venta de empleos y el monopolio de naipes.

Finalmente debemos resaltar que la política fiscal tiene un importante impacto en la formación de capital, ya que “los impuestos inciden sobre el ahorro privado y, por tanto, sobre la inversión privada y en segundo lugar, la orientación del gasto público determina también niveles de ahorro público e incide sobre el ahorro total de la economía.”[4]

2.- La Intervención del Estado

2.1.- Concepto: Como se sabe, el Estado cumple una función social y como tal sus acciones deben estar orientadas a satisfacer las necesidades básicas de los asociados, de tal manera que las diferencias sociales, económicas o de cualquier índole, no perturbe el acceso de los individuos a dichas soluciones, Así entonces, el Estado asume una posición intermedia entre el derecho individual y el derecho colectivo para buscar la solución de un conflicto laboral, por ejemplo cuando regula la jornada máxima de trabajo, el establecimiento de salarios mínimos, la seguridad social, las indemnizaciones obligatorias por accidentes y enfermedades profesionales o la participación de la clase trabajadora en los beneficios de la empresa, se evidencia la intervención del Estado en la vida social.

También se evidencia la intervención del Estado cuando éste asume “la dirección de la economía de un país, a través de su planeación y racionalización, medidas que tienden a lograr un desarrollo integral y el pleno empleo de los recursos humanos y naturales.”[5]

Para asegurarse el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Estado, este deberá ser necesariamente intervencionista. Sin embargo, esa intervención puede tener diferentes finalidades, esto es cumplir con su función social o proteger a unos grupos sociales de otros, como sucedía con el Estado de Laissez Faire o de no-intervencionismo, cuya indiferencia hacia las actividades de la sociedad, buscaba, finalmente, favorecer a los poderosos.

La intervención se presenta en todas las formas de Estado, desde las prohibiciones, restricciones y controles del Estado Gendarme hasta el suministro de alojamiento y alimentos en el Estado Paternalista. El problema se presenta en cuanto al tamaño de la estructura del Estado y la forma de su intervención, obviamente el Estado que ejerce una mayor intervención en sus asociados, requiere mayor presencia y por ende mayor tamaño en cuanto a esa estructura, de esta manera los países comunistas, involucran prácticamente a toda la sociedad en su estructura, mientras los países de menor intervención reducen su tamaño a lo estrictamente necesario para cumplir con las funciones sociales básicas, dejando todas las demás actividades en manos particulares, como en el caso del Estado neoliberal.

2.2.- Niveles y Mecanismos de Intervención Estatal: Uno de los mecanismos básicos de intervención estatal en la regulación de la actividad económica es la política fiscal, “con miras a mejorar el bienestar económico y social y el desarrollo económico”[6], mediante el manejo de las herramientas del recaudo de impuestos e ingresos y la asignación del gasto público.

La intervención estatal se produce también “para defender el territorio nacional, asegurar el orden interno y hacer respetar las “reglas de funcionamiento” de una determinada organización económica, las cuales comprenden la protección del interés público, el cumplimiento de los contratos, el respeto de la propiedad y la libre competencia, entre otras. Pero, además, el Estado desempeña en la actualidad, incluso en las economías capitalistas, un papel fundamental como proveedor de bienes y servicios. Ello ha hecho que el sistema económico contemporáneo sea un sistema mixto, en el cual interactúan, en proporciones variables, los sectores privado y público.”[7]

Esta intervención tiene, en consecuencia, una incidencia significativa, en la toma de decisiones sobre lo que se debe producir y los medios y métodos de producción, el grupo al cual se orientará la producción y quienes deberán asumir los costos necesarios para lograrla. Para lo anterior, el Estado puede asumir por si mismo la producción y/o distribución de bienes y servicios, sobre todo cuando se trata de aquellos que por diferentes razones no resulten atractivos a la intención privada de empresa o que la presencia de esta pueda ser perturbadora de su mercado, porque no se asegura una solución eficiente en cuanto a precios y cantidades, como en el caso de los servicios de saneamiento básico y de agua potable.

Además, normalmente, el Estado provee servicios en los cuales se considera insustituible, que son aquellos de carácter colectivo, como la administración de justicia, la defensa de la soberanía nacional y las relaciones exteriores entre otras, los cuales en manos privadas no asegurarían el cumplimiento de los teoremas básicos de la teoría del bienestar, la cual establece que existe competencia perfecta, que cada uno está en condiciones de maximizar su beneficio y que las decisiones colectivas se basan en el bienestar individual, manteniendo equilibrio económico con pleno empleo.

En cambio se comprueba que solo puede alcanzarse una asignación optima de los recursos bajo el enfoque paretiano, es decir, que ninguno de los asociados podrá estar en mejores condiciones, a no ser a costa del beneficio que pierda otro, que es la distorsión que pretende solucionar la intervención estatal.

Las leyes antimonopolios impiden la presencia de un reducido grupo de abastecedores de un producto o servicio, que tengan como objetivo controlar la mayor parte del mercado para abusar de sus clientes, sin embargo en procesos productivos generadores de economías crecientes a escala, por acción de unos costos unitarios decrecientes, no se justifica la presencia de múltiples proveedores, por lo que se constituyen en monopolios naturales. Ejemplos de estos monopolios son los servicios públicos de energía, acueductos y algunas industrias, como el alcohol, los cuales en la mayoría de las formas de organización son prestados o por lo menos regulados por el Estado.

La contaminación ambiental es un fenómeno negativo que por decisiones individuales puede crear distorsiones e ineficiencias que generan impacto en la colectividad, mientras que la erradicación de epidemias, la educación y el desarrollo tecnológico, son fenómenos positivos que afectan a la sociedad, frente a las cuales también se puede justificar la intervención estatal, para que, por medio de las regulaciones, impuestos o subsidios, se controlen o estimulen sus desarrollos, según convenga a los asociados.

El principio de exclusión asegura el buen funcionamiento del mecanismo del libre mercado, en el caso de los bienes privados, según este principio el consumo de un bien por parte de un individuo anula la posibilidad de que otro pueda acceder a su consumo, de tal manera que “cada persona expresa voluntariamente sus preferencias y el mecanismo de subasta del mercado conduce a la asignación de precios y cantidades para cada bien, que son la guía para las decisiones de producción.“[8] En cambio, en el consumo de los bienes públicos no debe existir rivalidad, es decir que la demanda que una persona haga de un bien no debe afectar la disponibilidad de dicho bien para otras, esto es, que una vez el bien se produzca debe ser puesto a disposición de todos los potenciales consumidores, como en el caso de la red vial.

Hay bienes meritorios, que son aquellos que se consideran “buenos” para la sociedad, por lo que deberían estar al alcance de todos los individuos. El Estado interviene para su promoción y subsidio, como en el caso de la educación, la salud y la seguridad. Al otro lado se encuentran los bienes “malos” para la sociedad, que como los vicios (alcohol, tabaco, juegos de azar, etc.), el Estado trata de controlar, aplicando impuestos gravosos y otras regulaciones, a riesgo que ello implique intromisión en las decisiones individuales de cada miembro de la sociedad.

Finalmente, en un escenario de justicia distributiva, se estima que alguien debe proveer de recursos a grupos de individuos que carecen de ellos, en forma temporal, como en el caso de los desempleados, o en forma permanente, como en el caso de los inválidos, los ancianos o los dependientes económicos sobrevivientes del fallecido. Este se constituye en un nuevo nivel de intervención estatal, que pretende, mediante un gasto público social o mediante un sistema de subsidios y transferencias, lograr una distribución más equitativa del ingreso y de la riqueza.

Lo anterior se resume en los postulados de la Hacienda Pública que establecen que la intervención del Estado debe atender cuatro funciones económicas:

-         Asignación de recursos: consistente en la participación estatal en la provisión de bienes y servicios.

-         Formación de capital: Crecimiento económico impulsado por el crecimiento del capital físico y del capital humano, y por el cambio tecnológico, dirigido por el Estado, teniendo en cuenta que el capital generado por lo particulares puede resultar insuficiente para el desarrollo de la economía colectiva, que si la inversión impulsada por el ahorro queda en manos particulares solamente el rico, capaz de ahorrar continuará su proceso de enriquecimiento, mientras que el pobre sería cada vez más pobre, dada su baja capacidad de ahorro y dado que la inversión privada busca el beneficio individual, mientras que la inversión pública debe permitir la rentabilidad social.

-         Estabilización económica: Esta función está orientada a tres aspectos: aseguramiento del pleno empleo, prevención de desajustes en los precios y equilibrio en la balanza de pagos. La estabilización se asocia con periodos de alzas en los precios, alternados con aumentos del desempleo, en sucesiones incontenibles.

-         Distribución del ingreso y la riqueza: La mala distribución del ingreso debe ser neutralizada con una estructura tributaria progresiva que grave fuertemente a las familias acaudaladas y oriente el gasto social a las de menores recursos. Esta teoría no es compartida por todos los tratadistas y la polémica está aún planteada. La OEA[9] cuestiona duramente la capacidad del gasto público para mejorar la distribución del ingreso y sostiene que los impuestos no constituyen instrumentos eficaces de redistribución.

El principio de eficiencia de los instrumentos, plantea que “cada instrumento debe emplearse en aquella meta para la cual es más eficiente”[10], por lo tanto en la meta de distribución del ingreso, se utiliza el impuesto para transferir riqueza entre los diferentes sectores, mientras que en la estabilización económica puede utilizarse como regulador de la oferta y la demanda agregada. En casos de inflación como instrumento contraccionista: incrementando impuestos, disminuyendo el gasto público y en casos de recesión como instrumento expansionista: revirtiendo las medidas propuestas en el escenario inflacionario.

En la meta de formación de capital, la política fiscal debe coadyuvar a las soluciones en materia de empleo, dado el acelerado crecimiento de la fuerza laboral, buscando que la tasa de crecimiento del producto interno bruto crezca a tasas que respondan al crecimiento de la oferta de mano de obra.

3.- POLITICA PARA LA PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS:

3.1.- Eficiencia en la asignación de Recursos: Conforme lo señala Vilfrido Pareto en su manual de economía política, un mercado es capaz de lograr eficiencia en la asignación de recursos, operando libremente y sin interferencias, ni intervención del Estado. Esta premisa exige a su vez algunos supuestos, tales como que productores y consumidores se comportan como maximizadores de utilidades y beneficios respectivamente, existe una competencia perfecta, sin externalidades en la producción y el consumo, y existe pleno empleo y movilidad de los factores de producción y de bienes y servicios, está eficiencia se daría en la economía, cuando no se puede aumentar la producción de un bien, sin disminuir la producción de otro. Sin embargo en el consumo, se establece que no es posible aumentar el beneficio de un consumidor, sino a costa de sacrificar parte del beneficio de otro consumidor.

El nivel de consumo de un individuo, el cual demanda dos (2) bienes: X e Y, a medida que su curva de consumo se aleja del origen, aumenta su utilidad, sin embargo debe enfrentarse a una restricción que está dada por su ingreso, representado por la línea FF’. De esta manera el consumidor solamente tendrá opción de deslizarse por la línea de ingreso, el cual es limitado, logrando el punto “optimo” de consumo en el punto Z, donde logra la curva más alta sometida a la restricción del ingreso.  La máxima utilidad de este individuo, está dada por el punto donde son tangentes la línea de presupuesto (ingreso) y la curva de indiferencia del producto, puede comprobarse igualmente que no es posible para el consumidor incrementar el consumo del producto X sino a condición de disminuir el del producto Y.

3.2. Limitaciones a la asignación de Recursos: La Teoría propuesta por Pareto, tiene limitaciones severas, tales como que no existe la competencia perfecta, ya que en realidad la tendencia muestra que es más frecuente encontrar monopolios u oligopolios controlando el mercado, lo cual perturba la eficiencia y afecta tanto los precios, como los bienes y servicios.

Además no existe una gama de opciones tecnológicas tan amplia y variada como se requiere en el supuesto Paretiano, se presentan las economías de escala, obligando a la producción en gran volumen para hacer rentables algunas industrias y no es posible sustituir fácilmente factores productivos y bienes, lo que hace que se presente un desempleo estructural en los países donde es escaso el capital físico.

Los empresarios no son completamente racionales, al punto de aceptar en ocasiones, sacrificio de ganancias para controlar la aparición de competidores y de otro lado habrá consumidores dispuestos a sacrificar niveles de consumo por obtener calidad, por lo tanto podemos afirmar que el mecanismo del mercado, no asegura eficiente asignación de recursos, justificando la intervención del Estado en la economía.

“El bienestar de la sociedad es la sumatoria de la utilidad de los particulares.”[11] Por lo tanto, no habrá bienestar si unos pocos disfrutan de niveles de consumo adecuados y hasta excesivos, mientras que los niveles de consumo de otros son precarios, aunque el comportamiento de consumidores y productores sea eficiente, bajo el enfoque de la teoría Paretiana.

3.3. Bienes y Servicios Públicos: Entre las definiciones más aceptadas de bienes públicos, está la que señala que los bienes públicos son aquellos que pueden ser consumidos en forma colectiva, que son indivisibles en su consumo, permiten su consumo simultaneo por varios individuos y sobre los cuales no es susceptible de aplicar el principio de exclusión.

Estos bienes, sean propiedad de la Nación o de los niveles territoriales del poder público (departamentos y municipios), se pueden clasificar en: bienes de uso público y bienes de uso restringido, estos últimos también llamados bienes fiscales.

Los primeros son aquellos bienes que están al servicio de la comunidad y pueden ser consumidos libremente por los individuos, mientras que los bienes fiscales son aquellos destinados a los fines del Estado, los cuales tienen en su administración un régimen similar al de la propiedad privada.

Se denominan servicios públicos, los bienes intangibles que son consumidos por los asociados de manera equitativa para alcanzar el bienestar. El Estado asume para sí la prestación de ellos o su regulación para asegurar la provisión de los mismos a todos los individuos que requieran realizar su consumo, tal es el caso de los servicios de telecomunicaciones, energía, acueducto y saneamiento básico (alcantarillado y limpieza: recolección de basuras y barrido de calles).

1. COMPETENCIAS Profesional con amplios conocimientos en auditoria y control interno, análisis y diseño de métodos y procedimientos administrativos, análisis presupuestal, de estados financieros y contabilidad general y del Estado. Con amplia experiencia en el desempeño de dichas labores en el ejercicio profesional, habiéndose desempeñado en cargos del nivel ejecutivo y directivo de organizaciones del Estado y del sector privado, y en emprendimientos por iniciativa propia. Conocimientos y destrezas en el manejo de sistemas operativos (Windows) y aplicativos para la automatización de oficina (Internet, Office y sus componentes), complementados con habilidad para la mecanografía al tacto. Un buen manejo de las relaciones interpersonales ejercidas con liderazgo, le facilitan el manejo de grupos y el trabajo en equipo. Con capacidad para adaptarse al cambio, mantiene interés permanente por el aprendizaje continuo.

2. INFORMACION PERSONAL

Lugar y fecha de nacimiento: Tulúa Valle del Cauca  Colombia. 22/02/1955

Estado civil: Casado. Número de hijos: uno (1)

3. FORMACION PROFESIONAL EDUCACION PRIMARIA:

Escuela José Antonio Galán  Tulúa (Valle) 1967 EDUCACION SECUNDARIA: Colegio Mayor  Yumbo (Valle) 1973

EDUCACION SUPERIOR: 

PREGRADO: Universidad Santiago de Cali. Titulo Obtenido: Contador Público Titulado  1981. Tarjeta profesional: 7000  T (Junta Central de Contadores) ·

POSGRADO: Universidad del Valle. Especialista en Finanzas 1989.

Universidad ICESI. Especialista en Gerencia de Sistemas de Información 1993.

Universidad Santiago de Cali. Especialista en Docencia para la Educación Superior 1999. ·

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL

MUNICIPIO DE YUMBO Agosto 2005 Actual SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL

METROCALI S.A. Enero 2006 a Enero 2008 DIRECTOR FINANCIERO

 INFIVALLE Noviembre 2005 Enero 2006 JEFE DE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ACUAVALLE S.A. E.S.P. Septiembre 2004 Octubre 2005 ASESOR DE CONTROL INTERNO (Contratista)

EVALUADORA DE RIESGOS EMPRESARIALES Febrero  Abril 2004 EVALUADOR

4. EXPERIENCIA DOCENTE - Escuela Superior de Administración Pública  ESAP, Conferencista: Finanzas Públicas. 2002 2005; Facultad de Administración Pública Territorial (Educación a distancia), Asignaturas: Finanzas Públicas, Gerencia de recursos físicos y financieros, Contabilidad Gubernamental, Organizaciones del Estado, 2004  actual. - Universidad Santiago de Cali Facultad de Contaduría Pública, asignaturas: Costos y Análisis Financiero, 1996  2005. - Pontificia Universidad Javeriana (Seccional Cali)  Facultad de Ciencias Contables y Económicas, asignatura: Contabilidad Gubernamental. 2002. - Universidad Antonio Nariño  Facultad de Administración de Empresas, asignatura: Finanzas Públicas. 1999 �?? 2002. - Universidad Libre (Seccional Cali)  Facultad de Administración, Economía y Contaduría Pública, asignatura: Costos Ambientales. 1999  2000.